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CULTURA DE LA NO VIOLENCIA
Juan Almendares
Reunión de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil CCPVI, viernes 30 de mayo 2009. Previa a reunión de la OEA, en San Pedro Sula Honduras.
En la historia de Mesoamérica y América Latina hasta el siglo XXI no ha existido un día libre de dolor y sufrimiento. La colonización dejó las huellas del trauma de la dominación mediante la imposición de lenguaje, creencias religiosas, racismo, exclusión social, violencia de género y sexo; con el exterminio de comunidades y pueblos.
Estos procesos coloniales y neocoloniales se consolidaron mediante la fuerza de las armas, la ideología y la imposición del pensamiento occidental como verdad suprema: ciencia, educación, tecnologías invasivas; saqueo de los recursos.
Los de piel y cultura blancas (ellos) eran los civilizados y civilizadores, los buenos, los sabios y los poderosos; limpios e inmaculados; el símbolo del progreso; por el contrario los indios, negros, mestizos (nosotros) los piel obscuras éramos y somos (según ellos ) las culturas subalternas y por lo tanto los malos , los sucios, los atrasados, los bárbaros y salvajes que había que someter, dominar, limpiar, humillar, esclavizar y explotar mediante bajos salarios, control de la economía y crear estructuras políticas serviles a sus intereses. El desarrollo de ellos significó el subdesarrollo nuestro.
La dominación se reproduce mediante el control de la educación, la formación de intelectuales y aparatos ideológicos (centros educativos y universidades y algunas iglesias que se articulan con los aparatos represivos -fuerzas militares, policiales, cárceles y leyes punitivas-); a diferencia de sacerdotes, pastores y monjas que fueron inmolados, perseguidos y torturados por ser partidarios del “Jesús de los Pobres” y de la Teología de la Liberación: Monseñor Romero, Ellacuría, Baró, Guadalupe Carney, Celebradores de la Palabra, otros y otras líderes religiosas.
El mejor testimonio de esta violación de los derechos humanos en América Latina es la Doctrina de la Seguridad Nacional que se caracterizó por la tortura y la eliminación de los supuestos enemigos.
La dedicatoria de estas políticas en el siglo XX y XXI han estado destinadas a inventar al enemigo, al subversivo, que en este caso eran y son en su mayoría los jóvenes; por eso era preferible promover el alcoholismo, el tabaquismo y las drogas en los niños, niñas y jóvenes en la década de los años ochenta y noventa; en vez de que se contaminaran con las ideas subversivas de liberación de los pueblos tales como las ideas socialistas o la teología de la liberación.
Se prohibieron las organizaciones estudiantiles de secundaria, En Honduras hasta hubo un Decreto del Congreso Nacional de la República que consideraba esa prohibición.
Fue abolida la paridad estudiantil y el poder de los jóvenes en las universidades y se produjo la universidad pintada de silencio que imitara al modelo occidental. Se reprimió a la juventud a tal grado que la mayor parte de desaparecidos en America Latina son jóvenes. Se privatizó la educación y se crearon mecanismos elitistas y falsos exámenes de admisión para restringir el ingreso de los pobres a las universidades.
Los procesos de guerra, dominación económica, la globalización tuvieron como resultado la emigración de millones de jóvenes de América Latina hacia EUA y Europa; en esos países la emigración ha sido reprimida por políticas violentas y racistas.
La globalización del capitalismo soslaya en su discurso las estructuras de la violencia que han sido creadas y que se reflejan en la pobreza y en el entrenamiento de torturadores de escogidos militares y policías en la famosa “Escuela de las Américas” y en la manipulación ideológicas de algunos medios que han contribuido a la estigmatización de los niños, niñas y jóvenes al considerarlos como los principales responsables de las situaciones violentas y de la delincuencia.
Sin embargo, han sido ignoradas las políticas de los Súper Estados que ocasionan crímenes ambientales (mineras, bananeras, empresas de madera, piñeras, camaroneras, aplicación masiva de plaguicidas, transgénicos y agro combustibles; privatización del agua) mediante los programas y proyectos de las empresas multinacionales apoyadas por el Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional.
En consecuencia con lo anterior, al reflexionar sobre el proyecto de La Declaración de la “Cultura de la No Violencia“, por parte de los Estados miembros de la OEA, en la reunión de San Pedro Sula, junio 2009, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones:
La violencia es un tema relevante en el contexto latinoamericano; para nosotros es preferible hablar de “No violencia “ que de “Cultura de la No violencia; porque ésta última expresión lleva implícito que existe una “Cultura de la violencia” que se deba enfrentar por diferentes medios ideológicos y represivos, lo que facilita responsabilizar a nuestros pueblos de ser los creadores de la violencia y considerar a los Estados de las naciones ricas y poderosas como no violentas y salvadoras de nuestra situación de barbarie.
El enfoque reduccionista de la Seguridad, que ha centrado el peso en lo militar y policial, llamado ahora “Seguridad Multidimensional de la OEA”, nos invita a legitimar la violencia mediante el uso de las fuerzas militares y policiales nacionales y transnacionales ¡en nombre del respeto a los derechos humanos! ¿Por qué no considerar otras formas de analizar, reflexionar y considerar nuevas alternativas para resolver los problemas, en lugar de crear espacios recreativos, empleo, acceso a la educación, salud y viviendas dignas? ¿O es éste acaso otro pretexto para justificar los gastos militares y reprimir a la juventud de nuestros pueblos?
El proyecto de declaración de la OEA, no establece cuál es el origen o causa de la violencia: ¿Quién la produce? ¿Es un problema estructural? ¿Quiénes la sufren en mayor grado? ¿A quiénes se les señala como responsables de la violencia? ¿Quiénes son los dueños de las armas y quienes las promueven?
En otras palabras ¿Quiénes son las víctimas, quiénes los victimarios, y qué relación tienen con ello las políticas de los Estados nacionales o supranacionales?
América Latina tiene una población de 582 millones, la mayor parte de la población es menor de 25 años; se estima que más del 40 % de la población es pobre y según el Representante de la FAO (2009) para América Latina 52.4 millones de niños no satisfacen el hambre, lo cual produce daños irreparables en el cerebro y en la fuerza muscular.
El 25 % de la población sobrevive con menos de dos dólares por día. El 20% de la población vive en inseguridad habitacional y sufre desalojos violentos por las fuerzas policiales y militares.
En América Central, el plan Puebla Panamá es una amenaza al derecho a la vivienda digna y va a producir el desalojo de más de 200 mil familias en Honduras, El Salvador y Guatemala.
En el 2003 existían al menos unos 100 mil niños que vivían huérfanos en las calles, y más de 17 millones de niños menores de 14 años que estaban en la necesidad de trabajar. De esos 17 millones, unos 8 millones prestaban servicios por deudas, trabajo forzoso, prostitución, pornografía.
La globalización en América Central después del huracán Mitch ha significado extracción masiva de recursos naturales por multinacionales mineras, que se intensifican después del huracán Mitch (1998) secuestrando el agua de las comunidades y contaminando con metales pesados los ríos, los suelos , los aires y los cuerpos desnutridos de infantes, jóvenes y mujeres (porque son las que más utilizan el agua), destruyendo el ambiente y ocasionando enfermedades y muerte.
En la última década más de cuatro mil niños, niñas y jóvenes han sido asesinados en forma impune. “Decenas de establecimientos comerciales toleran y promueven la explotación sexual comercial por lo menos de 1,019 personas menores de edad” en Honduras. El SIDA es la tercera causa de muerte en los hospitales públicos (Casa Alianza 2009).
Preguntemos entonces qué responsabilidad tiene la historia de la colonización, el saqueo y de la colonialidad e imposición en pleno siglo XXI de las políticas bajo la lógica del capital y la globalización imperial de nuestros pueblos. ¿No es acaso que los tratados comerciales desiguales con EUA, Europa y otros países son determinantes en causa estructural de la violencia, la emigración y de la pobreza, una de las mayores violencias contra el ser humano?
En consideración a lo anterior rechazamos el término “cultura de la no violencia” y preferimos decir ¡No a la violencia! ¡No a la guerra!; y nos manifestamos por la paz, la justicia social y la dignidad histórica de nuestros pueblos.
Analizando el Proyecto de Declaración de San Pedro Sula “hacia una Cultura de la No Violencia” por parte de los Estados miembros de la OEA vemos que tiene como elementos positivos la promoción y fortalecimiento de la cultura de la paz, la no violencia y los derechos humanos. Sin embargo no analiza las causas estructurales de la violencia sino que se concentra en las consecuencia y estigmatiza a la delincuencia, particularmente de los jóvenes, como obstáculo para el desarrollo democrático y socioeconómico para lo cual promueve un enfoque integral basado en uno de seguridad militar y policial multidimensional, el monopolio de la fuerza por los Estado y fortalecer los sistemas carcelarios.
La Seguridad Multidimensional de la OEA coloca la seguridad militar y policial en función de la democracia y el respeto a la soberanía de los Estados pero no de los pueblos. ¿Puede existir democracia en un país en el que existen desempleados, subempleados, o las relaciones injustas laborales son las causas de sufrimiento y explotación como el caso del trabajo infantil, las mujeres en las maquilas, y los emigrantes?
Las diferencias en el ingreso económico según los grupos sociales son abismales. ¿Puede existir democracia en un país donde el 80 por ciento de la población vive en la pobreza y la riqueza está concentrada en el 5 por ciento de la población?
Los intereses neocolonialistas y la lógica de la acumulación histórica del capital articulado con la oligarquía y sectores poderosos locales y nacionales han impuesto a los regímenes militares o los gobiernos civiles con el ropaje de democracia.
Para lograr este propósito ha sido necesario el cultivo de la guerra, el negocio de la compra y venta de las armas; las invasiones de marines, los desalojos violentos de campesinos e indígenas; la generación de pobreza, la emigración del campo a la ciudad y el desplazamiento como “espaldas mojadas” a la tierra prometida del “destino manifiesto” o hacia las metrópolis europeas.
¿Acaso pueden promover la democracia aquellos países hegemónicos cuyas políticas históricamente se han caracterizado por la invasión, sometimiento, guerras y ocupaciones militares en contra de nuestros pueblos, como el caso de la guerra en Iraq y la ocupación militar de Honduras, la base en Guantánamo Cuba, Puerto Rico, Ecuador o el bloqueo al hermano pueblo de Cuba?
En junio de 2008. El Congreso estadounidense, sin consultarles a los pueblos latinoamericanos aprobó el Plan Mérida consistente en un total de 465 millones de dólares. 400 millones dólares fueron destinados para México, 60 millones para Centroamérica y 5 millones para Haití y la República Dominicana.
La distribución de estos fondos se justifica para la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y al control militar. Se destinan 25 millones de dólares (para “promover el desarrollo económico y social y la buena gobernabilidad en determinadas zonas de bajos ingresos, entre las cuales comunidades rurales particularmente vulnerables al narcotráfico, la narcoviolencia y al crimen organizado”. 24.8 millones de dólares Estos fondos proporcionarán entrenamiento del combate al narcotráfico y la criminalidad asociada al mismo, y para aumentar la capacidad y el profesionalismo de las fuerzas policiales centroamericanas.
6.2 millones de dólares (Programas de No Proliferación, Antiterrorismo, Remoción de Minas y Programas, “NADR”): 4 millones de dólares, (Programa de Financiamiento para Fuerzas Militares Extranjeras, “FMF”) fortalecer la capacidad de los países de América Central para mejorar su seguridad marítima.
El Plan Mérida está articulado al Plan de La Seguridad Multidimensional de la OEA y es una política militar y policial bajo la égida de los Estados Unidos de América.
Es la re militarización de las políticas y fortalecimiento de las instalaciones de bases militares. Bajo el ropaje de la seguridad individual, la lucha contra el terrorismo y narcotráfico y el mejoramiento de las condiciones sociales; se instaura una nueva política de la doctrina de Seguridad Nacional, con visión hemisférica y por lo tanto internacional para continuar sobre el control de nuestros recursos y la dominación económica, política y cultural de nuestros pueblos
La Declaración de la OEA será otra “declaración” pero no plantea un plan para resolver los problemas cruciales de la violencia estructural que ejerce el sistema capitalista contra la niñez, juventud y mujer. La solución de los problemas sigue siendo la seguridad policial y militar.
La impunidad continúa y no existe un verdadero enfoque integral que garantice la verdadera soberanía energética, alimentaria, que recupere la deuda ecológica, la justicia climática, ambiental y social y sobre todo el cese del asesinato y explotación de niñas, niños y jóvenes; el femicidio y sobre todo el hambre. El cese de las políticas homofóbicas y de discriminación sexual y de género.
Demandamos una política real de protección de los derechos humanos a las personas discriminadas por el SIDA, y a los seres que han sufrido la limitación de sus capacidades físicas o mentales. Condenamos las torturas y los tratos crueles inhumanos y degradantes. La estigmatición y las masacres que han ocurrido contra jóvenes en las cárceles centroamericanas.
Esos millones del Plan Mérida y la Seguridad Multidimensional deberían estar destinados a la solución real de los problemas creando empleos para la juventud, educación, salud y una verdadera política de paz.
Se demanda una posición contra el negocio de las armas y el desmantelamiento de las bases militares y el cese de políticas homofóbicas y de discriminación sexual y de género. Exigimos una política real de protección de los derechos humanos a las personas discriminadas por el SIDA que son parte de la violencia estructural y las políticas inhumanas.
Demandamos participación de los jóvenes, en las grandes decisiones de los Estados miembros, y que se reconozca que son formas de prevenir la violencia la educción reflexiva y crítica, la libertad de expresión, el desarrollo creativo y recreativo de la juventud y las fuentes de un trabajo digno; la no privatización del agua, la salud y la educación.
En consecuencia la solución militar y policial ha fracasado a pesar de los gastos enormes porque la seguridad humana y ambiental no debe descansar en la premisa del uso de la fuerza por parte de los Estados o Súper Estados, de la violencia sino por el contrario debe sustentarse en la participación real de la sociedad civil, en la no promoción de las drogas como el tabaco y el alcohol que son inductoras del consumo de otras drogas.
Debemos liberarnos de las políticas hegemónicas y racistas de la globalización del capital. La fuerza militar y policial han fracasado en el control de la violencia porque ella misma esta involucrada en la creación de la violencia, corrupción, guerra y en el negocio de las armas.
Los países dominantes no han sido capaces del control, consumo y distribución de drogas en sus propios territorios. Esto indica que el problema es más complejo y que requiere no sólo mayor investigación científica, participación de la sociedad civil; sino de una ética que promueva valores de amor y solidaridad y de políticas orientadas al bienestar humano y planetario.
Nota: El domingo 31 de junio 2009 en el diálogo con la Sociedad Civil y el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza; el autor de este artículo Juan Almendares manifestó al solicitar la palabra: “El cese del negocio de las armas (venta, compra y contrabando) en los Estados. Protesto por la existencia de bases y maniobras militares en Honduras, Guantánamo y Puerto Rico y otros países. Los tratados comerciales Desiguales y las políticas ambientales apoyadas por los organismos Internacionales que dañan el ambiente y los derechos humanos. La solidaridad con el Estado y Pueblo de Cuba, el cese del Bloqueo y su integración a la OEA con el respeto a su soberanía.”
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